Política exteriorA menudo suele tildarse de "pacifista" al reinado de Felipe III, debido al hecho de que, durante los diez primeros años del mismo, la monarquía hispánica canceló temporalmente sus guerras con Inglaterra y los Países Bajos. Pero ese "pacifismo" (que se inscribe dentro de la llamada "generación pacifista del barroco"), es en buena medida una ficción historiográfica, puesto que fueron los acuciantes problemas internos que tuvieron que afrontar los gobernantes de la época, y no su deseo de mantener la paz a ultranza, lo que provocó la cesura temporal de los conflictos bélicos. En el caso de Felipe III y Lerma, es más apropiado hablar de conservadurismo a la hora de caracterizar su política exterior. Tanto el rey como su valido asumieron las líneas básicas heredadas del reinado de Felipe II, pese a que el contexto político y económico de principios del siglo XVII era muy distinto. En 1597, el comercio de Indias, principal soporte de la economía hispana, se vio aquejado por una serie de fluctuaciones que fueron la primera señal de la regresión que sufriría después. Las dificultades financieras de la monarquía forzaron a Felipe III a suspender la política exterior de carácter ofensivo que había dominado en los reinados anteriores. En lugar de subir los impuestos (lo que habría aumentado el descontento social), el rey y su valido prefirieron reducir los gastos militares para paliar en lo posible la crisis económica. De ahí el famoso "pacifismo".
Durante los primeros años del reinado, las relaciones con Francia fueron tensas, debido a que el rey francés, Enrique IV, desarrolló una política antiespañola en Italia y los Países Bajos, evitando, sin embargo, el estallido de un enfrentamiento bélico. Su muerte en 1610 dio un vuelco a la situación, pues la regente, María de Médicis, se esforzó por mejorar las relaciones con España. La distensión quedó sellada en 1611 mediante la firma de un doble compromiso matrimonial: por una parte, el de Isabel de Borbón (hija de Enrique IV) con el infante Felipe (futuro Felipe IV); y, por otra, el de Luis XIII de Francia con la infanta Ana de Austria.
Las relaciones con Inglaterra también fueron de hostilidad hasta que se produjo el cambio generacional: en 1604, tras la muerte de Isabel I de Inglaterra y la subida al trono de Jacobo I, se firmó la Paz de Londres, que se mantendría en vigor durante todo el reinado de Felipe III.
En Italia, el gobierno español se vio obligado a intervenir continuamente como árbitro en las querellas sucesorias, a fin de mantener en el poder a príncipes favorables a España. El principal problema fueron la ambiciones del duque Carlos Manuel de Saboya, que aspiraba a apoderarse del ducado de Montferrato. El gobierno español lo impidió (1615) y el duque se declaró en rebeldía y, proclamándose "libertador de Italia", intentó organizar una rebelión contra la presencia española en Italia. Las fuerzas españolas del Milanesado invadieron el Piamonte y obligaron al duque a retractarse, pero la paz firmada en Pavía en 1617 no se tradujo en ninguna ventaja territorial o política, sino en el mero restablecimiento del statu quo anterior a la guerra.
Mientras tanto, en los Países Bajos proseguía la guerra. Los rebeldes holandeses lograron algunos éxitos importantes en 1600-01. Felipe III y Lerma decidieron continuar la lucha en defensa de los derechos del archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia, a los que Felipe II había cedido los Países Bajos antes de morir. La recuperación del comercio de Indias que se produjo en 1602-03 permitió poner en marcha una gran ofensiva militar. El general Ambrosio Spínola, que en 1604 logró conquistar Ostende, recibió el mando de las operaciones. Pero éstas concluyeron bruscamente en 1606, debido a un motín de las tropas causado por el retraso de las pagas. Este parón dio al traste con todos los esfuerzos de los años anteriores y obligó al gobierno de Madrid a ordenar una retirada parcial de Flandes. Poco después se entablaron conversaciones oficiosas de paz, pero fue imposible llegar a un acuerdo definitivo por la inflexibilidad que mostraron ambos bandos. Finalmente, en abril de 1609 se firmó la Tregua de los Doce Años, en la que, por primera vez, la monarquía española reconoció el estatuto de beligerancia de las Provincias Unidas de Holanda. Ello fue fruto del convencimiento de Lerma y del propio Felipe III de que el Imperio español podía mantener su estabilidad tal y como estaba y que bastarían acciones defensivas y alguna que otra demostración ocasional de fuerza para conservar su hegemonía.
La paz reinó hasta el gran estallido de la Guerra de los Treinta Años, en 1618. Las buenas relaciones con Inglaterra y Francia, los problemas internos del Imperio Germánico y la decadencia del Imperio Otomano permitieron el mantenimiento sin esfuerzos de la hegemonía española sobre Europa, y el duque de Lerma se guardó muy bien de alterar esta situación. Pero no supo aprovechar las oportunidades que ofrecía la paz para mejorar la situación interior del país. Así, cuando las guerras se reanudaron en 1618, la monarquía española estaba exangüe y carecía de la capacidad de iniciativa y de los recursos necesarios para mantener su hegemonía europea.
Política interiorEl contexto internacional de paz permitió al gobierno español concentrarse en el problema de los moriscos, cuya expulsión se considera el hecho central de la política interior del reinado. Después del fracaso de soluciones menos traumáticas, en julio de 1609 Felipe III firmó la orden de expulsión de la población morisca. En tan drástica medida tuvieron un peso decisivo algunos personajes de la corte (la reina Margarita, el propio Lerma), pero, ante todo, los criterios de seguridad del Consejo de Estado, marcados por las necesidades de la política exterior. La raíz del problema era la resistencia a la asimilación de los moriscos. El Consejo temía que éstos pudieran actuar como "quinta columna" de Francia, de los musulmanes de África del Norte, o de los turcos. El proceso de deportación comenzó en otoño de ese año en el reino de Valencia y continuó en los años siguientes en toda la Península. La medida tuvo graves consecuencias demográficas y económicas, pues España perdió unos 300.000 habitantes (Domínguez Ortiz), que, en su mayoría, eran buenos campesinos y artesanos. Pero, en principio, la expulsión produjo un ambiente de euforia oficial y popular que impidió que se analizaran con lucidez sus consecuencias hasta la década de 1620.
La decisión de expulsar a los moriscos, tomada sin consultar a los reinos orientales, agravó el clima de descontento que se respiraba en éstos. La situación era especialmente preocupante en Cataluña, donde se vivía una grave crisis económica. A partir de 1615, el gobierno decidió cambiar la política de contención que había mantenido hasta entonces. El duque de Alburquerque, virrey de 1615 a 1618, intentó atajar el bandolerismo (una de las principales lacras que padecían los países catalanes) y se apoyó en las ciudades para poner freno al poder de la aristocracia. Pero bajo su sucesor, el duque de Alcalá (1618-1621), la decisión del gobierno de reclamar para la Corona la quinta parte de los ingresos municipales desató la oposición de la aristocracia rural y de las oligarquías urbanas. Aunque la situación se mantuvo estancada durante el resto del reinado, la gran rebelión catalana de 1640 (véase: Corpus de Sangre) estaba ya en el ambiente.
Por lo que se refiere a Portugal, el gobierno de Felipe III conculcó a menudo la personalidad jurídica e institucional del reino. Las medidas tomadas por Lerma, siempre supeditadas a los intereses castellanos, fueron muy impopulares y provocaron un creciente descontento hacia la monarquía de Madrid.
En lo que respecta a la política económica, Felipe III heredó de su padre una enorme deuda de Estado, que los gastos suntuarios de la corte no hicieron sino aumentar. Para paliar la situación financiera, se recurrió a la reducción de gastos de defensa y a la devaluación monetaria. Las alteraciones de la moneda de 1599, 1602 y 1603 provocaron la retirada de la circulación del oro y la plata, la devaluación del vellón y el agravamiento de la crisis financiera de la Corona por el desfase que suponía pagar en el interior con moneda de vellón y en el exterior con oro y plata. Consecuencia lógica de esta errática política monetaria fue la bancarrota de 1612.
Integrantes: Génesis Gonzalez
Maria Laura Alcalá
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La desastrosa situación económica y la crisis política y social heredadas del reinado de su padre Felipe IV unida a la ineficacia e incapacidad de los gobernantes acrecentaron la crítica situación de España y en especial de Castilla dando lugar a una serie de devaluaciones monetarias que alcanzaron el culmen con la deflación de la moneda de vellón en 1680 y la posterior caída de la actividad económica. En nada contribuyeron a mejorar esta situación los validos encargados del gobierno, sólo el Conde de Oropesa realizó una política firme de reducción de impuestos y contención del gasto público. La vida del país se caracterizó por una crisis económica endémica, aunque en Aragón y la zona del mediterráneo se produjo un movimiento de recuperación. La crisis interna del reinado de Carlos II había ido propiciando la descentralización de los territorios de la Corona de Aragón mediante un programa neoforalista y el desarrollo de las estructuras económicas, aprovechando para ello su posición geográfica y sus recursos naturales.
Durante su reinado tuvieron lugar dos guerras contra Francia, En 1684 en Ratisbona se firmó una tregua de veinte años con Francia, tregua que fue rota en 1690 al concluirse una alianza entre España, Inglaterra, los Países Bajos y el Imperio dando lugar a un tercer enfrentamiento bélico que duraría hasta 1697. Los ejércitos franceses ocuparon una serie de plazas catalanas e incluso se apoderaron de Barcelona en 1697 En esta tercera guerra contra el vecino país, España intervino en las filas de la Liga de Ausburgo, junto al Imperio, Austria, Suecia y el Papado. La guerra finalizó con la paz de Rvswick. La primera derrota seria de la política exterior de Luis XIV, que se vio obligado a ceder a España plazas en Cataluña. Flandes y Luxemburgo, mostrando así su interés por conseguir para los Borbones la sucesión al trono español.
Los años últimos del reinado de Carlos II estuvieron marcados por la locura del monarca, producto de las presiones políticas y las intrigas palaciegas, y por el problema sucesorio, como consecuencia de la inexistencia de hijos. Ante esta última cuestión se avivó una pugna por hacerse con el trono y con su herencia. En un principio, el candidato designado era José Fernando Maximiliano, hijo del elector de Baviera, pero éste falleció en 1699, y volvió a presentarse el problema de elegir entre el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo y biznieto de Felipe III, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y biznieto de Felipe IV. Esto provocó una contienda por la sucesión al trono español en la que intervinieron las principales potencias europeas. La Corte se dividió en dos bandos, por un lado la reina apoyaba al candidato austríaco, y por otro Carlos quien pensaba que sólo el apoyo de Francia podía asegurar la conservación de la monarquía en toda su integridad territorial. Todo esto le hizo decidirse por Felipe, y sin ceder a presiones mantuvo su elección hasta el final dejándolo por escrito el 2 de octubre de 1700 en el testamento que hizo un mes antes de su muerte. 
La política exterior del Conde-Duque tuvo repercusiones negativas en el ámbito nacional. Los reinos de la Corona de Aragón se rebelaron cuando se les reclamó una aportación para financiar las campañas europeas; en 1640, el Principado de Cataluña (los segadores congregados en Barcelona con motivo de la procesión del Corpus Christi se sublevaron y, tras asesinar al virrey, proclamaron la secesión de Cataluña) y Portugal se sublevaron contra Felipe IV, motines que produjeron la caída del Conde-Duque, sustituido por Luis de Haro. El Tratado de Westfalia (1648) reconoció la independencia de las Provincias Unidas mientras que por la Paz de los Pirineos (1659) España cedía a Francia el Rosellón, parte de Cerdaña y los Países Bajos.
